Toda profesión tiene restricción de derechos por su propia naturaleza. Ni el médico puede disponer negligentemente de medicinas para sí o sus allegados, ni el juez puede pronunciarse sobre hechos a su cargo prevaricando a favor o en contra de sus conocidos, ni el profesor puede dar un mal ejemplo a los estudiantes que forma a diario, ni tampoco puede el comunicador difundir calumnias o mentiras a la sociedad.

Por eso, resulta impensable que un grupo de profesionales que cuentan con la confianza de la ciudadanía para portar un arma bajo el cinto, pueda insubordinarse a su máxima autoridad, Comandante en Jefe, primer mandatario, Presidente de la República o como quieran llamarlo, siempre que se entienda que la obediencia que exige la Constitución, no es el resultado de un capricho, sino del mandato de la sociedad que los financia.

Con un característico sinsentido, algunos analistas y oficiales retirados, han emitido comentarios desatinados respecto a la supuesta existencia de lo que sería una restricción de derechos para los militares, por exigirles el pleno cumplimiento de la Constitución que les otorga un rol obediente no deliberante, frente al poder civil, pues están subordinadas a la ley y a las autoridades civiles que las comandan, electas por el pueblo en ejercicio de la democracia.

En nuestro país, como se ha puntualizado en abundancia en estos días, la máxima autoridad civil de las Fuerzas Armadas es la Presidenta o el Presidente Constitucional de la República como lo establece la Constitución en el artículo 147 indicando entre sus funciones específicas el ejercicio de la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y designar a los integrantes del alto mando. Esto, estimados lectores es un mandato legal indiscutible, que nos da a todas y todos la tranquilidad de que el ciudadano que porta un arma, lo hace con absoluta responsabilidad pues está subordinado al pueblo ecuatoriano, como mandante, a través de su primer mandatario.

Ahora bien, imaginemos por un momento que esta normativa no existe y que las Fuerzas Armadas pueden ser deliberantes, autónomas, con mando propio, desobedientes si lo quisieran. ¿Qué sucedería? Lo vivió América Latina en Chile durante la sangrienta época del dictador militar Augusto Pinochet y lo sintió Argentina con el General Jorge Videla, esos ejemplos que me permito citar son los extremos que de ninguna manera podemos permitir que se repitan en ningún país de nuestro sur. El ejercicio de la soberanía de un pueblo, dentro de un Estado de Derecho radica justamente en la elección de sus mandatarios civiles, responsables del cumplimiento de las leyes y de velar por el orden y el bien común.

Si bien todas las profesiones traen consigo responsabilidades, tal vez el deber militar es el que más exige ese requisito. Un arma en el cinto debe siempre representar la garantía de la defensa de nuestros derechos, y nunca el temor del civil de perecer frente a ella por pensar distinto. Por la convivencia social, armónica y libre, cada individuo debe cumplir con su labor y ser ejemplo dentro de su profesión. La sociedad civil no puede jamás permitir que sea un arma la asesina de la democracia.

Viviana Paredes
Abogada quiteña. 27 años. Dirigente estudiantil y activista política desde los 14. Asesora en comunicación política, escritora de opiniones y temas de coyuntura social, locutora de radio y miembro del Colectivo de comunicadores Espejo Libertario. Tal vez la recuerdes de los tweets que salen de la cuenta @VivianAssange "Endurecerse sin perder la ternura"

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