El debate sobre la regulación de las comunicaciones y la implicación de la política de cada país es cada vez más importante en América Latina. Argentina, Uruguay, Venezuela, Ecuador y Brasil son ejemplos importantes de lo que pasa en nuestro continente. En Brasil, se ha hecho muy poco en la regulación de la comunicación pública. Tal vez eso sea reflejo de la tradición política que hace con que muchos políticos tengan el comportamento de los cangrejos y no enfrenten los demonios mirándoles en los ojos. El Ecuador, que hace tres años tiene una nueva Ley Orgánica de Comunicación, establece los plazos y las responsabilidades de regulación y está avanzando. Observemos esa experiencia a partir de una mirada brasileña.

En Brasil, la política está cada vez más concentrada en las manos de grandes intereses privados, que hace décadas han financiando a sus candidatos y determinando lo que se habla en las radios y canales de televisión. La privatización del interés público no es algo nuevo y encuentra en la desganade los gobiernos de Lula y Dilma en reglamentar las comunicaciones un voraz combustible.

Son más de 200 millones de habitantes y los medios de comunicación están presentes en la vida de todos los brasileños. Las radios continúan tendiendo una gran penetración en ciudades de todos los tamaños y los servicios de tecnología de información y comunicación cada vez están más presentes en la cotidianidad de las personas. Aunque los datos demuestren esa fuerza, ellos todavía son superficiales para demostrar los problemas de ese proceso. Los servicios de comunicación permanecen concentrados en pocos y poderosos grupos económicos, amplían su mercado sin garantizar calidad y con prácticas abusivas, sea en la contratación, sea en la prestación de los servicios; lo que significa la negación efectiva de derechos a millones de personas y la construcción social de una narrativa antidemocrática que aumenta la concentración de poder e induce a un escenario de golpe y elitización de la política que el Brasil ha vivido.

Por otro lado, el debate sobre la constitución de un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones en Brasil fue creciente en las últimas décadas y estuvo organizado, para decir de manera bastante simple, en dos ejes. De un lado, los que entienden que el esfuerzo por la renovación de la legislación debe concentrarse en la preservación de la máxima libertad de expresión, lo que muchas veces es traducido por la máxima ultraliberal “libertad de prensa es libertad de empresa”. El otro eje aglutina a los que buscan garantizar el establecimiento de una regulación que estimule más diversidad y pluralismo y reduzca los índices de concentración económica y cultural, reglamentando así principios de la Constitución Federal aprobada en 1988.

En 2017 completamos 55 años de vigencia del Código Brasileño de Telecomunicaciones, la principal ley para las comunicaciones del país hasta hoy. Más inspirada en la lógica de mercado que en el reconocimiento de derechos, la legislación brasileña no estableció límites a la concentración de propiedad sobre los medios de comunicación, opción muy diferente que siguieron países como Estados Unidos, Francia e Inglaterra, o, hablando de nuestra América Latina, ejemplos como Argentina y Ecuador. Para desgracia de nuestra democracia, el Brasil tampoco buscó fortalecer un servicio público de radio y televisión, permitiendo que algunas pocas familias continúen determinando lo que la población tiene la oportunidad o no de saber y reproducir.

Estamos hablando directamente de la negación al derecho a la comunicación y por tanto de la negación al derecho a la participación política. Vale recordar que la información es un medio importante de creación de conocimiento y ejerce un poder central en la producción de riqueza.

Desde la dictadura militar las alteraciones en la legislación fueron pequeñas y, a pesar de lo ocurrido en el periodo de Lula, los debates para un nuevo marco regulatorio para radio y televisión han fracasado, la concentración continúa elevadísima y los impactos  que percibimos en los últimos tres años, con los medios de comunicación que aprovechan concesiones públicas haciendo campaña abierta por la caída de Dilma y por la privatización de Petrobras, y el Gobierno Federal absolutamente incapaz de cualquier actitud regulatoria.

En Brasil y en otros lugares, la cuestión permanente para la izquierda es la dura tarea de la travesía para una sociedad que no restrinja la idea de libertad de expresión a los límites impuestos por la lógica del capital. La lógica capitalista que organizó el establecimiento de la prensa brasileña en el final del siglo XIX sobrevive hasta hoy y es la que debe ser superada. Esa lógica que en Brasil no es exactamente “liberal”, ya que principios como igualdad de oportunidades y pluralidad de ideas no son mínimamente respetadas por los actores privados o reguladas por el Estado, se presenta como obstáculo a la ampliación de la propia libertad de expresión.

Las transformaciones tecnológicas fueron muy intensas en las últimas décadas y reconfiguraron ambientes económicos, modos de producción y hábitos de consumo. Las facilidades de compartir contenido en Internet pueden proporcionarnos la sensación de que tal reconfiguración efectiviza la ampliación de la libertad de expresión y que eso por sí solo basta. Pero esto no es verdad.

Es fundamental que el Estado brasileño asuma las prerrogativas de la universalización de los servicios esenciales con calidad, exigiendo mayores obligaciones de sus concesionarios. La tarifa de reglamentación debió haber sido ejercida en los gobiernos de Lula y Dilma con más responsabilidad y sentido democrático, garantizando participación social, diversidad y desconcentración y abaratamiento del acceso, estimulando iniciativas locales de comunicación y apoyando redes cooperativas.

El derecho a la comunicación implica la garantía de circulación de la diversidad y de la pluralidad de ideas. En este aspecto, la defensa de la libertad de expresión tiene que estar asociada a la defensa de la Convención para la Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales, aprobada por la UNESCO en 2007 –firmada tanto por Brasil como por Ecuador–, y la superación de la lógica monopolista/oligárquica que soportó la estructuración de las comunicaciones en Brasil.

La defensa de la libertad de expresión tiene que ser también la defensa del mayor equilibrio en la visibilidad de nuestra diversidad cultural y pluralidad de ideas e intereses. Cuando leo la Ley de Comunicación de Ecuador, veo ese principio claramente expresado. Mientras tanto, el Brasil no consiguió siquiera reglamentar dos o tres artículos de su Constitución Federal de 1988.

En Ecuador, por otro lado, país donde la Constitución define, en su artículo 17, “el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación”, y “no permitirá el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”, hoy ya se puede conmemorar, como sería de esperarse también en Brasil, la reglamentación de un texto constitucional tan importante para el fortalecimiento de la ciudadanía. Más que eso, hoy el Ecuador ya trabaja para la democratización de las frecuencias de radio, dando consecuencia a los principios básicos de la ciudadanía.

Para quien observa el proceso de reglamentación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) desde afuera, algunos puntos llaman la atención. Lo que primero se destaca es la celeridad del proceso. La LOC fue publicada el 25 de junio de 2013. Su reglamentación –que se dio por medio del Reglamento General a la Ley Orgánica de Comunicación– fue publicada siete meses después, el 27 de enero del año siguiente.Más impresionante todavía es que en este reglamento se establecieron plazos muy ajustados para la expedición de normas y llamamientos públicos específicos.

El segundo aspecto destacado es el artículo 384 de la Constitución del país que define el sistema de comunicación social, que “se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa” y que “el Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana”.

Aun cuando eso parezca obvio para muchos analistas, cuando se hace un análisis comparado, gana relevancia la diferencia de tratamiento para el mismo tipo de problema. Mientras en Brasil la presidenta Dilma no caminó incluso con una consulta pública de los principales puntos que podrán ser abordados en un nuevo marco regulatorio de las comunicaciones, el presidente Rafael Correa y su base de apoyo asumen la comunicación como derecho público y política de Estado en la propia Constitución y desbordan eso en reglamentos específicos.

Infelizmente, la estrategia de conciliación de clases adoptada, en el campo de la comunicación, por los gobiernos liderados por el PT, impidió que se enraizaran las políticas públicas y legislaciones que sustituirían el derecho a la información por el derecho a la comunicación.

Los medios en Brasil silencian gran parte de lasvoces que no representan a sus intereses empresariales. La Constitución brasileña está siendo sistemáticamente violada con un cuadro de concentración, ausencia de pluralidad y violación  de los derechos humanos. Dilma ya cayó. Lula está siendo dramática y políticamente deshidratado. Rafael Correa y su Revolución Ciudadana ya pasaron diez años al frente de la política ecuatoriana y van a enfrentarse en las urnas próximamente. Como dice una canción brasileña, “saludos a quien tiene coraje”.

Glauber Piva
Máster en Políticas Públicas y Formación Humana por la UERJ y sociólogo por la Universidad de Sao Paulo (USP), fue director de la Agencia Nacional de Cine - ANCINE

Deja un Comentario

  • (no será público)