No sabe que el costo de la vida, el precio

del poroto, del pan, de la harina, del vestido,

del zapato y de los remedios, dependen

de decisiones políticas.

(El analfabeto político, Bertolt Brecht)

1. Un poco de historia

Desde las primeras décadas de la historia del Ecuador, las élites económicas y financieras controlaron el sistema político. La banca instrumentalizó al Estado a través de su lógica prestamista y de esta forma tuvo incidencia directa en las decisiones políticas. Por ello, las nacientes instituciones estatales estuvieron al servicio de la oligarquía y de los negocios e intereses privados.

Aun cuando el desarrollo normativo pretendió “regular” el sistema bancario[1], por el contrario,cada vez más este sector fue ampliando su hegemonía política. Es decir, se configuró un círculo vicioso entre los dueños de los bancos y los representantes políticos. Basta dar una mirada histórica para recordar el modo en el que operó esta alianza estratégica:

En el año 1894 se creó el Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil, con facultad emisora. Al poco tiempo, se convirtió en la base económica de la exportación, de la industria y del comercio del puerto principal. El banco también prestaba dinero a los gobiernos, los mismos que eran designados por sus dueños.

Además -para completar el esquema- las listas de los diputados que “triunfaban” eran elaboradas en sus oficinas. Los déficits presupuestarios anuales de los distintos gobiernos eran fácilmente solucionados por el banco: ponía en funcionamiento las máquinas que imprimían billetes. A medida que la deuda del Estado se incrementaba, también crecía la circulación de billetes sin respaldo legal; situación que producía la devaluación de la moneda.[2]

Siguiendo con esta breve revisión histórica, es importante mencionar que durante el siglo XX, los dueños de los bancos expandieron su poder hacia otros sectores como los medios de comunicación y empresas vinculadas con el desarrollo productivo. Además, muchas de las instituciones bancarias más poderosas del país generaron préstamos para sus propias empresas (auto-préstamos), financiaron campañas políticas (presidenciales, parlamentarias, gobiernos autónomos descentralizados) y compraron acciones en otros sectores económicos del aparato productivo.

Precisamente fueron estos factores los que desencadenaron el colapso del sistema bancario y financiero provocando la mayor crisis económica, política e institucional en el Ecuador.  En el año 1999, el Presidente Jamil Mahuad congeló los ahorros de miles de familias ecuatorianas para llevar a cabo el salvataje bancario. En aquél momento, quedó en evidencia la perversa relación que se había ido configurando entre políticos, grupos económicos (nacionales y trasnacionales), medios de comunicación y entidades de justicia.

Como siempre, los más afectados fueron los sectores populares. A causa del salvataje y el feriado bancario, las familias ecuatorianas se quedaron sin ahorros, lo que impactó directamente en sus condiciones de vida (alimentación, salud, educación, seguridad social) y en toda la cadena de la economía nacional. Por esta misma razón, más de 2 millones de personas tuvieron que emigrar hacia otros países en condiciones inhumanas y de esta forma poder buscar un sustento económico. En síntesis, la fórmula neoliberal utilizada por las élites consistió en afectar a los más pobres para salvar a los más ricos.

 

2. El candidato de la banca para las Elecciones Generales (2017) del Ecuador

En pleno siglo XXI se reeditan las apuestas de la banca privada para reconquistar el poder político. En este caso han optado por la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso (Alianza CREO-SUMA).Así, en una campaña millonaria han pretendido construir la imagen de un “empresario exitoso” capaz de construir un país de oportunidades y generar nuevos empleos. Sus asesores de campaña se han empeñado en deslindar su imagen de los grupos vinculados a la crisis de 1999 y del feriado bancario. Esto con el fin de conquistar sectores indecisos y ganar unos puntos adicionales para la contienda electoral.

En su discurso demagógico, el banqueroha hablado también sobre la eliminación tributaria, reformas normativas para que los campesinos puedan portar armas, rechazo a la consulta popular contra los paraísos fiscales y finalmente afirmó que de ser electo quitaría el asilo al fundador de WikiLeaks,el ciberactivista australianoJulian Assange, que se encuentra en la embajada de Ecuador en Londres

Ahora bien, cabe preguntarse ¿cuáles serían las consecuencias si un banquero asumiera el poder político en el Ecuador?, ¿cuáles serían los principales giros en materia de políticas públicas?, ¿qué impactos sociales conllevaría el retorno de la bancocracia? Para responder a estas preguntas se podría resumir en tres grandes ejes:

1.-Retorno de la bancocracia: Como se ha planteado con anterioridad, durante mucho tiempo la banca controló el sistema político del Ecuador. Si esto sucediera nuevamente, se instrumentalizaría el Estado al servicio de los intereses de las corporaciones privadas. En este sentido, se privatizarían progresivamente sectores claves y estratégicos del Estado, afectando las condiciones de vida de los sectores populares. En pocas palabras, se priorizaría el capital por encima del ser humano.

 2.-Recortes sociales: Como ha sucedido en otros países de la región, si la banca reconquista el poder político, se llevarían a cabo inmediatos recortes económicos en el presupuesto del Estado destinados a sectores sociales (salud, educación, vivienda, inclusión económica y social, entre otros). Con mucha probabilidad aumentarían los niveles de pobreza, concentración de la riqueza y brechas sociales en el acceso a servicios.

3.-Salvatajes para beneficiar a los más poderosos: En los ciclos de desaceleración económica se utilizará la tradicional formal neoliberal: afectar a los más pobres para salvar a los más ricos. Así como sucedió en la crisis de 1999, se afectarán las condiciones de vida de la mayoría para poder salvar a un reducido pero poderoso grupo económico. De darse un retorno de la bancocracia, se fortalecerán nuevamente el circulo vicioso entre políticos, grupos económicos, medios de comunicación y entidades de justicia, siempre dejando de lado al ciudadano común.

 

A modo de conclusión

Las fuerzas de la derecha a nivel global han aprovechado la despolitización y malestar de grandes sectores de la población para instaurar un discurso que promete grandes cambios pero que en realidad significan enormes retrocesos sociales. Es importante también mencionar que el resurgimiento de la derecha regional se ha venido alimentando también a causa de los de los propios errores y contradicciones internas de los llamados gobiernos progresistas.

Las consecuencias de un retorno de la bancocracia en el Ecuador conllevarían consecuencias nefastas para la sociedad en su conjunto y sobre todo para los sectores populares (aumento de la pobreza, mayor concentración de la riqueza y aumento de las brechas sociales). Por todas estas razones, el próximo 19 de febrero es importante expresar en las urnas el rechazo al intento de retorno de la bancocracia y aprobar la consulta popular que establezca la prohibición de tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales para poder desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público.

 

Referencias

[1]Ley de Monedas en la República del Ecuador (1832), Ley de Bancos (1899), Ley Orgánica de Bancos (1927), Ley Orgánica del Banco Hipotecario (1927), Ley Orgánica del Banco Central (1927), entre otras. Revisar la reseña histórica del sistema bancario en Ecuador disponible en:  http://www.sbs.gob.ec.

[2]La banca y la historia, El Telégrafo, 27 octubre 2011.

Nicolás Reyes Morales
Nació en 1987, ecuatoriano por su familia paterna, chileno por su familia materna refugiada en el Ecuador a causa del Golpe (11.Sep.1973) y la Dictadura Militar en Chile. Mano diestra para la escritura, ideas zurdas para el pensamiento político. Graduado en Psicología (PUCE) y Egresado de la Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales (UBA). Cuenta con experiencia de trabajo en temas sociales (violencia, derechos humanos, grupos de atención prioritaria), políticos (participación ciudadana, democracia, formación política) y culturales.

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