La palabra tercerización ronda por la mente de los ecuatorianos como un fantasma del que se intenta huir. La normativa jurídica anterior a la Constitución de Montecristi permitía la intermediación laboral como un mecanismo para que los ciudadanos accedan a un puesto de trabajo sin las menores garantías respecto a su situación. Efectivamente, ni el salario mínimo para alcanzar el costo de la canasta básica ni la seguridad social era una obligación del empleador, entonces, el empleado quedaba entre la espada y la pared con dos opciones: morir de hambre o morir trabajando para apalear un poco el hambre.

Obviamente los millones de ecuatorianos tercerizados prefirieron lo segundo ante la necesidad de alimentar un hogar. Los sueldos extremadamente bajos no alcanzaban en un estado privatizador que no aseguraba los derechos fundamentales como la salud y educación de calidad por lo que, en muchos casos, el padre o la madre de familia no lograba cubrir los gastos mínimos y debían hacerse sacrificios enormes para lograr cumplir con los requerimientos cotidianos.

Con la Constitución de Montecristi se eliminó la tercerización, permitiendo la intermediación únicamente en casos de servicios específicos masivos como seguridad, aseo y limpieza, en estos casos las empresas prestadoras de estos servicios se ven en la obligación de garantizar salarios mínimos, seguridad social y pago de horas extras en caso de que existan. Todas estas medidas de dignificación del trabajo humano generaron, desde un principio, pataletas por parte de la burguesía que aseguró que las empresas quebrarían debido a las nuevas reglas de juego en materia laboral. Ya pasaron nueve años y nada de eso ha sucedido. Ni las empleadas domésticas han perdido sus empleos, ni se han cumplido las oscuras profecías, es más ha existido una disminución drástica en la última década de las cifras de desempleo pues mientras en 2004 se ubicó en 11%, a 2014 y 2015 se ubicó en 3,8%. En 10 años el desempleo disminuyó 7,2 puntos porcentuales.

Actualmente el desempleo en Ecuador se ubica en 5,2%, una de las tasas más bajas de la región, a pesar de una situación económica compleja.

La repetitiva muletilla de “un millón de empleos en cuatro años de de gobierno” no existe como propuesta en el plan de trabajo que Lasso presentó al Consejo Nacional Electoral. El plan del binomio de la derecha no va de la mano con la oferta verbal de Lasso en los medios de comunicación, lo que no le obliga a cumplirla de ser electo presidente, de hecho, lo único que dice al respecto es: “Ampliar las modalidades de contratación y simplificar los requisitos para incorporación y desvinculación”. Revise el plan completo aquí.

 

Lasso ofrece una ley (sin mayoría en la Asamblea Nacional) para crear modalidades de contratación con el fin de ayudar a los jóvenes a “adquirir” experiencia o emplearlos en horarios flexibles, nuevamente con requisitos mínimos para la desvinculación laboral. Esta propuesta tiene un factor que no se vende con tanto énfasis: la disminución tributaria a las empresas contratantes sin supervisión de cumplimiento efectivo de las condiciones. En la Argentina de Menem esta propuesta fue una realidad que permitió a los empresarios contratar a los jóvenes mientras duraba el beneficio para luego descartarlos y contratar a nuevos jóvenes que les permitan acceder a los mismos beneficios y así sucesivamente, confirmándose así la precarización laboral y ayudándoles a evadir impuestos en nombre de la “caridad social”.

En la Argentina de Macri el Proyecto de Ley de Empleo Juvenil no ha podido ser aprobada por un legislativo dividido ideológicamente y en contraposición a su similar oferta de dos millones de empleos (para 40 millones de habitantes) durante su gobierno se han despedido a 162.141 trabajadores privados y aproximadamente 200.000 públicos.
Es decir, lo que se busca con la propuesta es precarizar o eliminar una relación laboral, maquillándola con mecanismos de incentivos para los jóvenes o grupos vulnerables que lo que realmente provoca es que se generen mecanismos legales que den cabida a una segunda categoría de trabajadores para pagarles menos, sin estabilidad ni seguridad social.

Para esto, Guillermo Lasso tiene un operador impecable, tanto por su falta de principios como por sus antecedentes: Andrés Páez.

Llama la atención que el impulsor de la Ley Reformatoria al Código de Trabajo mediante el cual se regularon los servicios de tercerización e intermediación laboral y suministro de personal en 2004, haya sido justamente el binomio de Lasso, durante uno de sus periodos como diputado en el extinto Congreso Nacional. Esto nos lleva a una terrible paradoja sobre la propuesta de su presidenciable Guillermo Lasso para la creación de un millón de empleos, pues los condicionamientos con los que serían creados en caso de ser cierta su promesa no han sido esclarecidos.

 

Cuando la ley fue aprobada, Páez lo agradeció como diputado nacional con un texto elaborado casi desde las súplicas cumplidas: “Gracias, señor Presidente. Este es un acontecimiento histórico para el país. El Congreso ha aprobado la Ley de Intermediación Laboral, Tercerización de Servicios, que además regule la colocación de personal…”. En este escrito, Páez parece dejar precedente de que ya fue antes operador de intereses económicos a los que satisfizo desde el Congreso como diputado. Su prioridad, como siempre, no fue la ciudadanía sino los poderes nacionales.

Entonces, el interés del binomio encabezado por Lasso es eliminar la relación laboral entre el empleado y el empleador, permitiendo mercantilizar el trabajo y que sea sencillo finalizar cualquier prestación de servicios. Esto no solo aplica para trabajadoras domésticas u obreros de la construcción como erradamente creería la clase media, pues la precarización que plantea la propuesta de Lasso que implica la contratación por tareas, se convertiría en un factor común para todas y todos.

La promesa real de Lasso no va dirigida a los empleados sino a los empleadores y las palabras reales son: un millón de subempleados sin estabilidad ni relación laboral para los empresarios y las cámaras. Lasso al igual que Macri en Argentina pretende despojar a los trabajadores de sus derechos y garantías irrenunciables. Ese factor común nos lleva a dudar, en principio, de una propuesta parecida de dos candidatos casi iguales ante un panorama electoral casi idéntico. Excepto que Macri no tiene entre sus filas a un incendiario que parece basar su vida en una mentira constante con el fin de saciar su hambre de poder. En el campo laboral, Páez es más peligroso que Guillermo Lasso aunque esto pudiera parecer mentira y la competencia de falta de valores entre ambos sea muy estrecha.

“Si fuera cierto que el crecimiento del empleo está atado a la reducción de costos laborales, el neoliberalismo en los ‘90 habría producido en la Argentina una explosión de empleo… Ese es el legado neoliberal: que el trabajo formal, protegido, asociado a derechos es algo que haya quedado en el pasado y que se haya aceptado que el trabajo es solamente una obligación, la obligación de cada uno de nosotros de mantenernos por nosotros mismos, pero sin generar compromisos. Y aunque resulte doloroso o antipático decirlo, no se trata solamente un comportamiento empresario o de falta de cumplimiento de los funcionarios estatales; esto se ha hecho carne en la sociedad, se ha convertido en un hecho de cultura y en ese sentido tiene una enorme capacidad para transformar de manera regresiva las relaciones sociales.”

Claudia Danani, doctora en Ciencias Sociales y docente e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

lajunta
Equipo de redacción de La Junta. Espacio democrático de difusión de ideas ciudadanas que analizan la coyuntura política, social y económica de Ecuador y América Latina.

Deja un Comentario

  • (no será público)