El fenómeno del paramilitarismo en Colombia inició exactamente con un modelo de seguridad privada, igual al que hoy propone el candidato a la Presidencia Guillermo Lasso en Ecuador, un modelo paralelo al monopolio del Estado, en donde este no sea el garante exclusivo de la seguridad ciudadana.

“Una vez reunida la población en el parque principal, los paramilitares separaron a las mujeres, los hombres y los niños. Entre el grupo de las mujeres seleccionaron a algunas que fueron obligadas a cocinarles durante los dos días que permanecieron en el pueblo. Después de eso, comenzó la orgía de sangre.  

(…) La primera víctima fue un hombre, Eduardo Novoa Alvis, que fue llevado a la cancha (…) A él (…) le pusieron una bolsa en la cabeza y le mocharon una oreja, y después de esto se lo pelaron con espino, lo acostaron y le ponían la bolsa en la cabeza, él gritaba que no lo mataran, le pegaban por la barriga, patadas, puños, por la cara, toda la cara se la partieron y nos decían: miren para que aprendan, para que vean lo que les va a pasar a ustedes, así que empiecen a hablar.

Después de la primera ejecución, los paramilitares, quienes habían sacado los instrumentos musicales de la comunidad que estaban en la Casa de la Cultura, comenzaron a tocar una tambora. Cuanto muerto mataban, tocaban tambora, tocaban acordeón, se cargaban grabadoras”

Extracto del Informe de la Comisión de Reparación sobre la Masacre del Salado (Bolívar, Colombia), perpetuada por grupos paramilitares en febrero del año 2000.

Así eran las atrocidades de los paramilitares en Colombia, llenas de sevicia y horror. El miedo ha sido siempre su mejor arma de guerra, para someter a la población civil. Cuando se tiene miedo, se obedece. Asesinatos con motosierra y machete, masacres, violaciones a mujeres y niños, desapariciones forzosas, secuestros, despojo de tierras a campesinos, son el común denominador de quienes en algún momento también fueron grupos de seguridad privada.
En Colombia, el modelo de seguridad privada se constituyó legalmente bajo el Decreto 356 del 11 de febrero de 1994:

 

En esa concepción de participación de la empresa privada en la seguridad ciudadana, presentes en la propuesta de Lasso y el modelo colombiano, el Gobierno otorga abiertamente funciones de la preservación de la seguridad a los entes privados, con el evidente riesgo de convertirlos en garantes, no de la seguridad nacional, sino de sus propios derechos e intereses políticos y económicos.

Luego de la aprobación del Decreto 356 surgieron en el departamento de Antioquia –tierra del ex presidente Álvaro Uribe Vélez-, múltiples cooperativas de vigilancia y seguridad privada, denominadas CONVIVIR, amparadas en el marco legal que establecía servicios especiales de seguridad privada que operarían en zonas donde el orden público fuese precario.

Según datos de la CIDH, las CONVIVIR se organizaron en todo el territorio colombiano, alcanzando más de 400 organizaciones y 120.000 efectivos. Contrario al objetivo de garantizar la seguridad y de cumplir una función defensiva y de apoyo a la Fuerza Pública, la financiación, el apoyo logístico y las armas que obtuvieron los paramilitares a través de estas cooperativas, les permitió fortalecerse y les facilitó cometer crímenes atroces contra las poblaciones[1], que según el registro oficial superan el millón de víctimas.

Los servicios de seguridad privada constituidos legalmente se transformaron en ejércitos asesinos al servicio de las élites, multinacionales, y narcotraficantes, que arrasaban a su paso con campesinos acusados de supuestos guerrilleros, líderes sociales, sindicalistas y políticos de izquierda, por el control político, económico y territorial de zonas estratégicas del país. Además, existen amplios registros del aumento de sus operaciones durante el desarrollo de los comicios electorales, como mecanismo de presión y represión para el triunfo de los candidatos que garantizaran sus intereses.

 

Escuadrones de la muerte

Sin embargo, la figura de grupos de seguridad privada no es nueva en Ecuador. Durante el gobierno de León Febres Cordero se dieron paso a los Escuadrones Volante con el objetivo de combatir la incipiente subversión, que posteriormente justificaría las masacres políticas contra los militantes de organizaciones de izquierda, y cualquier rastro de pensamiento contrario al gobierno de turno.

“Ustedes, policías, tienen órdenes precisas, claras; tenéis el respaldo moral, legal y económico del Gobierno (…) Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos de los asesinos, de los delincuentes, de los terroristas, de los violadores y de los secuestradores (…) Porque si una mínima porción, la porción podrida de la sociedad, tiene que caer abatida, tendrá que caer abatida”, aseguró el entonces gobernador del Guayas Jaime Nebot, el 23 de mayo de 1985, durante un acto solemne para anunciar el nacimiento de los escuadrones, en presencia complaciente de Febres Cordero.

En principio, estos grupos de seguridad privada se encargarían únicamente de combatir a los miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), pero con el pasar del tiempo abrieron su accionar a “combatir la delincuencia”. Según la Comisión de la Verdad para el período 1984 – 2008, el gobierno del socialcristiano fue el más represor en la historia del Ecuador; de los 118 casos que dejaron 456 víctimas, más de la mitad, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias, sucedieron en el Gobierno de León.

 

¿Coincidencia entre modelos?

Al referirse al modelo de seguridad privada, siendo gobernador de Antioquia, Uribe Vélez aseguró que “lo apoyé y promoví porque creo en la colaboración ciudadana con la Fuerza Pública. Esta colaboración construye la confianza institucional de los ciudadanos, evita su postración ante el crimen o que busquen salidas contrarias a la ley”.

Por su parte, al hablar de sus propuestas de campaña- presentadas oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral-, el candidato de CREO ha señalado públicamente que “hay que fortalecer la seguridad para coordinar acciones entre la Policía Nacional y las empresas de seguridad privada, para dejarlas actuar con mayor libertad y más profesionalismo”.

¿Es entonces coincidencia que el plan de seguridad privada de Lasso sea una copia fiel del modelo de las CONVIVIR, que fortaleció el paramilitarismo en Colombia? ¿Cuál es la diferencia de su propuesta con los escuadrones de la muerte de León Febres Cordero?

Todos los planes de garantizar la seguridad ciudadana en América Latina, desde el campo privado o la cooperación ciudadana y privada, han avalado legalmente la utilización de la violencia como mecanismo de control social, sobre cualquier disidencia al régimen de turno. Así, a través de las actuaciones de las empresas de seguridad privada, el gobierno se desliga de cualquier acción de represión, y además justifica la guerra preventiva: el uso legítimo de la fuerza ante una agresión que amenaza la seguridad de las personas o del país.

Pensemos ¿qué podría constituir una amenaza para un eventual Gobierno de Lasso? ¿Que la Asamblea mayoritariamente de Alianza PAIS, no dé paso a sus reformas en beneficio de las élites del país? ¿que algunos ciudadanos reclamen por los recortes en inversión para la salud? ¿que un grupo de jóvenes se oponga a la privatización de la educación?

Después de ser uno de los responsables de la expulsión de 3 millones de ecuatorianos por el feriado bancario y de las evidentes similitudes entre las propuestas, no queda en Lasso remanente moral para negarse a implementar un modelo paramilitar en Ecuador como el colombiano. Recordemos además la frase del banquero, en donde ofrecía a montubios manabitas devolverles las armas “para que defendieran como varones a sus esposas y familias”.

Todas las propuestas del banquero apuntan al desmoste de un Estado de derecho y derechos, consolidado durante la última década. Su propuesta de seguridad privada al servicio de una élite que viene por la revancha, anticipa el despliegue de nuevas expresiones de violencia. Votar por Lasso es avalar escuadrones de la muerte y grupos paramilitares, con otra cara, falsa por supuesto, “la de defender a los sectores más pobres del país que no tienen cómo pagar seguridad privada”.

[1] Centro de Memoria Histórica (Colombia)

Foto: ecuadortimes.net

 

 

Daniela Pacheco
Orgullosamente colombiana. Residente en Ecuador o donde la Patria Grande lo necesite. Comunicadora Social y Especialista en Proyectos para el Desarrollo. Sobreviviente a la influencia de la Derecha en su país. Dice que en la Izquierda encontró la verdadera salvación.

Deja un Comentario

  • (no será público)