Días atrás circuló ampliamente un video del afamado cantautor de techno-floklore andino, Delfín Quishpe, cuya letra confronta la candidatura presidencial del banquero Guillermo Lasso. Al son de la tecnocumbia y echando mano de líricas de sus anteriores hits musicales, Delfín Quishpe coloca dos mensajes muy sencillos que remiten y apelan al sentido común de los ecuatorianos respecto a esta particular candidatura y que amerita los veamos como mayor detalle.

En primer lugar, la canción es insistente en la siguiente frase: “No le creo nada (al banquero)”. Esta expresión, nos hace pensar inmediatamente en el baratillo de ofertas y pactos que han caracterizado el último tramo de la campaña de Lasso y que hacen de su propuesta una desesperada y contradictoria amalgama de ofrecimientos, muchos de ellos incumplibles. Para muestra un botón: semanas atrás, Lasso hablaba de contraer el rol del Estado en la educación y salud para poner en marcha mecanismos de privatización como los muy criticados vouchers educativos (página 26 de su programa de gobierno) que no solo dejan la educación al sector privado sino que incluso trasladan renta pública al mismo. Estudios de otros países (aquí un link con un ejemplo de los EEUU) muestran que los vouchers han arrojado resultados muy pobres en cuanto a generar mayor acceso al sistema educativo y efectos aún menos alentadores con respecto al desempeño de los estudiantes. En el mismo tenor de los vouchers, no es nada inocente la frase que ha venido utilizando Lasso desde hace meses al ser cuestionado sobre su postura respecto a la política en salud y educación: “La mejor Ministra de Salud es la madre y el mejor Ministro de Educación es el padre”. No nos dejemos engañar por la alusión a la familia que, sin duda alguna, es una institución de incuestionable valor para la amplia mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Insisto, la frase de Lasso no es inocente: en el discurso del banquero el Estado debe desmarcarse de la dotación de educación y salud, transferirle renta a las escuelas y colegios privados y que la familia se las arregle. Por supuesto, esto no gusta al sentido común de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que pensamos que la salud y la educación son derechos que deben ser garantizados por el Estado. Este sentido común anti-privatizador, cuyo efecto seguramente se refleja en las últimas encuestas que maneja el banquero, explica el giro que ha dado a su discurso. Ahora, solo a días de la segunda vuelta, habla de salud y educación gratuita. Ante ese cambalache, como dice la rola de Delfín: “no le creo nada”.

El segundo elemento de sentido común que Delfín Quishpe recupera remite a la condición de banquero de Lasso. ¡Y no es un banquero cualquiera! Tuvo una participación activa en el inicio de la debacle financiera de 1999 y ha callado de manera preocupante sobre las acusaciones de su relación actual con su banco y la locación de sus capitales. Sobre esto no quiero simplemente hacerme eco de denuncias que ya han circulado sino hacer varias puntualizaciones.

Creo que es importante decir, de inicio, que todas las ecuatorianas y ecuatorianos tenemos derecho a ser elegidos para una dignidad pública salvo que nuestros derechos políticos hayan sido suspendidos por las causales que establece la Constitución (artículos 61 y 64). Derecho que, por supuesto, incluye a Guillermo Lasso. Sin embargo, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos participen en las áreas de regulación y control cuando tengan conflictos de interés (artículo 232). En nuestro sistema de gobierno, el Ejecutivo es quien hace la regulación y el Presidente de la República es quien define y dirige las políticas y decisiones del Ejecutivo directamente y a través de los Ministros de Estado. Con estas consideraciones, un banquero definiendo y dirigiendo la regulación financiera no es solamente una barbaridad. Es ilegal.

Ante esto Lasso tiene una respuesta: Él no participa en la administración del Banco Guayaquil desde 2012 cuando decidió emprender su carrera política. Efectivamente así es. Pero, ¿sigue siendo dueño del banco? De acuerdo a la Superintendencia de Compañías del Ecuador, el ciudadano Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza hoy en día solo posee una participación accionaria de 32 centavos de dólar en la Compañía Industrial Amelca CA que, de hecho, ya está en proceso de disolución y liquidación de acuerdo a la inscripción que consta en el registro mercantil. Hoy en día, no es formalmente dueño de ninguna entidad financiera ni compañía de ningún tipo (se puede revisar esta información en el motor de búsqueda de la Superintendencia y con la cédula del candidato, que es información de dominio público). Aunque uno podría pensar que se deshizo de sus acciones de cara a su primera candidatura presidencial, la verdad es que ¡él nunca ha sido directamente dueño del banco!

¿Cómo es eso?

La dueña directa del Banco Guayaquil es una Corporación de nombre MULTIBG S.A. que posee actualmente el 78,87% de las acciones del banco. Guillermo Lasso, tampoco figura como dueño de dicha corporación que tiene 39 accionistas de los cuáles, los que la controlan son esencialmente un conjunto de fideicomisos (se puede revisar esta información en el motor de búsqueda de la Superintendencia con el nombre de la compañía):

  • Fideicomiso de Administración GLM: USD 15,7 millones

  • Fideicomiso de Administración MELM: USD 6,6 millones

  • Compañía Promoquil S.A.: USD 4,2 millones

  • Fideicomiso de Administración CLM-MMS: USD 5,6 millones

  • Fideicomiso de Administración DCD-UNO: USD 1,6 millones

  • Fideicomiso de Administración DCD-DOS: USD 1,05 millones

  • Fideicomiso de Administración ACO: USD 1,8 millones

  • Fideicomiso de Administración JME: USD 1 millón

Ahí empiezan a esclarecerse las cosas: No es fortuito que los nombres de varios de estos fidecomisos coincidan con las iniciales del nombre de Guillermo Lasso Mendoza, su hermana María Eugenia Lasso Mendoza, su cuñado Danilo Carrera Drouet y su hermano Carlos Lasso Mendoza.

En resumen: desde hace rato que Lasso tiene diluida, a través de fideicomisos y otros mecanismos societarios, su propiedad directa sobre el banco. La información aquí presentada corrobora y muestra detalles sobre algo que está impregnado en el sentido común de la gente: podrá formalmente Lasso decir que no maneja el banco, pero sigue siendo el banquero del Banco Guayaquil y no dejará de defender los intereses de su clase.

Más allá de los mecanismos que disuelven la relación directa de Lasso con su banco, el candidato-banquero no ha podido escapar al escrutinio público y ha tenido que afrontar una serie de críticas relativas – precisamente – a su condición de banquero y en un país que esta categoría no trae para nada buenos recuerdos. Algunas denuncias al respecto, en caso de ser verificadas, son extremadamente graves. Pero sobre esto, cabe efectuar algunas puntualizaciones.

En primer lugar, Lasso argumentará hasta el final de sus días que el Banco Guayaquil no fue de aquellos que quebraron en la década de los 90. Esto es una perogrullada y nadie se lo ha rebatido. Por otro lado, su banco ha sido acusado de participar en la compra con descuento de Certificados de Depósitos Reprogramados (CDR) para lucrar de la crisis de 1999. Ante ello, el Banco se ha pronunciado negando el hecho y mencionando que todos los CDR que adquirió lo hizo a valor nominal. De todas formas, la respuesta no refuta que haya existido un “mercado de CDR con descuento” en perjuicio de muchísimos afectados del feriado bancario que requerían liquidez inmediata para subsistir. La opinión pública merece que se abra el detalle de información tanto por parte de quienes han hecho la acusación, como por parte del Banco Guayaquil y los respectivos organismos de control.

Sin embargo, a diferencia de la rápida respuesta sobre los CDR o la forma de recordarnos como a niños que su banco todavía funciona, Lasso ha evadido pronunciarse sobre dos temas sumamente críticos. El primero, tiene que ver con su responsabilidad directa en la puesta en marcha de mecanismos de salvataje bancario cuando participaba en sector público mientras seguía siendo banquero.

¿Cómo?

Si bien hoy en día la ley impide el conflicto de interés en las decisiones de regulación estatal, antes no era así. De manera particular, en la Junta Bancaria podían participar miembros de la propia banca, como representantes de sector privado, en una aberrante contradicción: los regulados decidiendo cómo regularse y, en algunos casos accediendo a información reservada al respecto. En 1996 Lasso, en calidad de representante de la banca en la Junta Bancaria, participó en la aprobación de la concesión de un préstamo subordinado del Banco Central del Ecuador por 485.400 millones de sucres al Banco Continental. Este fue el primer crédito de este tipo, mecanismo que luego fue utilizado para el salvataje de otros bancos y que alimentó la crisis financiera de 1999. Tampoco se puede dejar de decir que la Ley General de Instituciones Financieras, promulgada en 1994, es el marco normativo que permitió la existencia del mecanismo de créditos vinculados. Lasso fue impulsor de la Ley en su calidad de Presidente del Banco de Guayaquil, Presidente de la Asociación de Bancos Privados (1994 – 1996) y, por supuesto, vocal de la Junta Bancaria. El Banco de Lasso incluso hizo propaganda pública a favor de la promulgación de dicha Ley.

Ante toda esta evidencia, Lasso ha sido esquivo y su débil defensa online se ha limitado a decir que él estaba ahí avalado por la ley, que las decisiones no las tomó solo y las hizo sobre la base de informes de la Superintendencia de Bancos (¿le asesoraron mal? o acaso ¿quiere “echar el muerto” a los tecnócratas?). En todo caso, aunque su defensa pueda sostenerse hasta cierto punto, el hecho no escapa – nuevamente – al sentido común de la gente: Lasso estuvo ahí y participó activamente de una primera decisión trascendental para la debacle financiera de 1999. Él fue, indiscutiblemente, parte de esa decisión política y técnica desde una posición de conflicto de interés de clase, aunque la ley de la época se lo permitiese.

El segundo punto donde el silencio de Lasso es realmente preocupante tiene que ver con la información expuesta por el medio argentino Página 12 sobre las inversiones offshore de Lasso y la propiedad del Banco Banisi. La primera entrega del medio muestra evidencia sobre la existencia de una serie de fideicomisos y empresas offshore constituidas en los paraísos fiscales de Panamá, Islas Caimán y Delaware a nombre del propio Lasso, su familia y varios allegados. Estos mecanismos se utilizan para ocultar capitales, ocultar la propiedad real sobre sus activos, evadir y eludir obligaciones con el fisco. La segunda denuncia de Página 12, pone en entredicho la desinversión que por ley debía hacer Lasso de su pequeño banco constituido en Panamá.

Primero que nada se debe dejar sentado que las inversiones en paraísos fiscales para maximizar la utilidad del capital, evadir y eludir impuestos, en detrimento de apostarle a la inversión para el desarrollo nacional, es algo que desagrada a la gran mayoría de ecuatorianas y ecuatorianos. Muestra de ello es el incuestionable triunfo de la propuesta de prohibir que funcionarios públicos tengan inversiones y bienes domiciliados en paraísos fiscales en la Consulta Popular del pasado 19 de Febrero. Si ha existido evasión tributaria, el Servicio de Rentas Internas deberá investigar y pronunciarse. En lo referente al Banco Banisi, si se comprueba que Lasso utilizó testaferrismo y otros mecanismos para ocultar la propiedad de un Banco domiciliado en Panamá mientras, directa o indirectamente, mantenía el control del Banco Guayaquil, efectivamente habrá violado lo dispuesto en el Artículo 183 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Dicho Código prohíbe a los bancos y sus principales accionistas tener subsidiarias o acciones en instituciones financieras domiciliadas en paraísos fiscales y les daba plazo de un año para deshacerse de las mismas (Disposición Transitoria Vigésimo Sexta del Código).

La denuncia de Página 12 abre una caja de pandora que podría determinar una ilegalidad sobre la cual deberá pronunciarse la Superintendencia de Bancos, en el ámbito de sus competencias. Una solicitud formal ante esta presunta violación legal ya ha sido ingresada por la Asambleísta Soledad Buendía en el órgano de control antes referido. La investigación podrá tomar aún un tiempo pero el tema no escapa a la coyuntura electoral y alimenta la opinión de la gente a escasos días de la segunda vuelta. La falta de una respuesta clara de Lasso al respecto nuevamente interpela al sentido común. ¿Qué tiene que ocultar? ¿Con las credenciales de los paraísos fiscales y de posible violaciones legales se presenta ante el electorado a hablar de desarrollo local, ética y lucha contra la corrupción?

Mirando el baratillo incongruente de ofertas, las alianzas sin sentido, la forma que ha ocultado la propiedad de su banco en corporaciones y fideicomisos y, sobre todo, por su participación en la desregulación financiera y por su silencio ante las fuertes acusaciones sobre sus inversiones en paraísos fiscales, la firme respuesta de los ecuatorianos y ecuatorianas debe ser tan implacable como las letras de Delfín:

Un banquero en el poder: ¡No puede ser!

 

Publicado en: Foro de los Comunes

Andrés Chiriboga Tejada
Sociólogo y financiero, un cruce poco común. Con estudios en Sociología Económica por la London School of Economics and Political Science y en Finanzas por el TEC de Monterrey. Durante los últimos diez años ha trabajado como técnico, consultor y asesor en varias instituciones gubernamentales dentro del frente económico. Participó en la elaboración de la Agenda de Política Económica 2011 – 2013 y el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017. Fue delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) ante la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera entre 2015 y 2016. Apasionado por el análisis de los fenómenos económicos en su dimensión social y política.Su visiónEl sistema económico debe garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales y inmateriales que posibiliten el Buen Vivir.

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