¿Libertad de prensa o libertad de expresión? ¿Son excluyentes? ¿Qué debería preponderar cuando ambos se contraponen? Estas preguntas nos llevan al panorama social actual: libertad de prensa o derechos ciudadanos. ¿Quién es más importante en el proceso comunicacional, el receptor o el emisor del mensaje?

Justamente en esta situación, en la que los ciudadanos enfrentan un aparataje comunicacional que busca manipularlos, se evidencia la construcción de una estructura hegemónica que  Antonio Gramsci describió como: ese momento en el que “se logra la conciencia de que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan los límites de la corporación, de un grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados”, creando así la hegemonía de un grupo social sobre una serie de grupos subordinados. De esta forma, Gramsci ya advierte el interés de un grupo hegemónico para usar sus oligopolios mediáticos privados para manipular a las grandes audiencias (grupos subordinados) y de esta forma permitir que los dueños de los medios de comunicación se configuren como verdaderos actores políticos que puedan imponer su postura – a toda la sociedad – a través de la propagación de contenidos que responden únicamente a sus intereses y del silenciamiento de temas que no les favorecen, aún cuando sean de amplia importancia para la sociedad. Estas prácticas, que aún utilizan ciertos grupos empresariales en sus medios, es conocida como: Censura Previa.

En defensa de esa hegemonía impuesta a través de la captación del “poder mediático”, la propagación de la censura previa como estilo periodístico, la no contrastación de información y la distorsión de hechos noticiosos para atacar a sus “rivales”políticos y comerciales, Ecuador, con absoluto respaldo de la sociedad civil, instaló la Ley de Comunicación en su praxis periodística, este esfuerzo resguarda el derecho de todos los ecuatorianos de recibir información veraz y de relevancia pública. Sin embargo, son varios los políticos – todos vinculados al vergonzoso pasado del país – los que han planteado demandas constitucionales contra la Ley de Comunicación. Su objetivo: esconder tras engaños y sofismas su desesperación por volver a tomar las riendas del país a través de la recuperación del control que ejercían sobre y a través de los medios.

Precisamente, son estos personeros de los grupos hegemónicos los que “en nombre de la libertad de prensa” abogan únicamente por su libertad: la libertad de empresa y de mercado. Sin importarles quebrantar precisamente aquello que dicen defender: los derechos de la comunicación y la información, los derechos de los comunicadores, el derecho a una comunicación intercultural, el derecho a promover y disfrutar de una producción nacional audiovisual y musical, el derecho de todos los actores del sistema comunicacional a gozar de una distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión, en la que las comunidades y colectivos históricamente relegados ahora pueden ocupar hasta un 34% del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, cabe recordar que este ha sido un proceso difícil que ha debido nutrirse de las lecciones que nos ha dejado nuestra historia e inclusive de las experiencias de otros países. Los mismos EEUU, país “auto-abanderado defensor de la Democracia”, ha cedido a las presiones de las grandes corporaciones dedicadas al “negocio” de la comunicación; prueba de ello es el abandono de la Fairness Doctrine (“doctrina de lo justo”) durante el gobierno neoliberal de Ronald Reagan.

En efecto, esta política introducida por la Comisión Federal de Comunicación norteamericana (Federal Communications Commission, FCC) en 1949, requería a los medios de comunicación la facilitación de espacios y tiempos iguales para todos los puntos de vista que sobre un tema pudieran suscitarse; su propósito era incentivar el debate público en los espacios televisivos y radiales. Sin embargo, en 1987, con la administración Reagan, estos derechos pasaron a la historia. El debate se suprimió en favor de una programación dirigida únicamente por las fuerzas del mercado.

En esta línea, y en absoluta solidaridad con el pueblo norteamericano, hace un par de años tuve el gusto de conversar con William K. Black, académico, autor de The Best Way to Rob a Bank is to Own One (“La mejor manera de robar un banco es ser dueño de uno”), y experto en temas de lucha contra la llamada “corrupción de cuello blanco”. El doctor Black se mostró entusiasmado, y hasta satisfecho, con los avances del Ecuador en el tema: Comunicación y derechos. Me atreví a preguntarle sobre la Fairness Doctrine, pensando en que uno de los avances más significativos de nuestra norma es poder garantizar a un ciudadano o colectivo el derecho a exigir réplica cuando una información que no cumple los principios de verificación, contrastación o contextualización los afecte, permitiéndoles así aclarar los hechos en el mismo espacio que los perjudicó. La expresión de su rostro cambió: Black tuvo que admitir y lamentar que en su país, los EEUU, las corporaciones tienen más derechos que los ciudadanos.

 

 

En el caso ecuatoriano, cierta prensa pretende congraciarse con los sectores más conservadores de los EEUU, haciéndose eco de las afirmaciones más absurdas y sin cuidarse de incurrir en evidentes contradicciones. Así, por ejemplo, en su edición del día viernes 2 de mayo de 2014, Diario La Hora tituló en su portada “Ecuador sin libertad de prensa”. Sobre este asunto, el catedrático argentino, Roberto Follari, precisó en alguna de sus ponencias que “en la época de la dictadura (Argentina) una noticia como esa ponía en serio peligro tu vida”. Nada más ilustrador y directo, pues el comentario anterior demuestra que la situación en nuestro país es diametralmente opuesta. La libertad de expresión, la libertad de prensa, inclusive, están tan garantizadas que una nota periodística, con un titular tan evidentemente contradictorio es publicado en portada.

La historia continúa repitiéndose, hace pocos días los medios privados publicaron ampliamente una supuesta imposibilidad de desarrollar una libertad de prensa, como resultado de un informe de la ONG con sede en Washington, Freedom House. Esta entidad que recibe el 80% de su financiamiento de la USAID y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, paradójicamente con el clima adverso para la libertad de expresión en el país que la auspicia, se dedica a juzgar, incluso de manera injerencista, las políticas públicas de países que reconocen los derechos ciudadanos y los ubican sobre el capital de las empresas dedicadas a la comunicación. Así la alianza medios y poderes económicos intenta legitimarse con un supuesto árbitro extranjero que en realidad juega a su favor en cada informe anual. Estas estadísticas se ventilan en las portadas de los medios nacionales con indignación y recuerdan al lector, con un poco de gracia, las palabras del gran Eduardo Galeano que satiriza muy contundentemente esta actitud de los medios: “Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice: Acá no hay libertad de expresión. Uno enciende la radio y hay un señor que dice: Acá no hay libertad de Expresión. Uno abre el diario y en la tapa hay un cartel que dice: Acá no hay libertad de Expresión.”. Por otra parte y para que el asunto sea serio deberían preguntar a la ciudadanía qué piensa al respecto.

Y es esta misma prensa: la de la hegemonía, la que no ha roto sus compromisos con las chequeras más poderosas del país, la que ha demostrado su parcialización y falta de objetividad, la que es responsable de brindar a los ecuatorianos un derecho. Así es, día a día, con amplias contradicciones un medio de estas características le entrega a los ecuatorianos la información que puede afectar su vida positiva o negativamente, sin medir el más mínimo impacto que puede ocasionar.

Por ejemplo, la hegemonía cultural de los dueños de los medios y sus aliados fácticos causó conmoción social en julio de 2015 cuando parte de la clase media quiteña, consumidora de esta prensa, salía a las calles a pelear por “sus herencias” sin conocer el verdadero espíritu de la ley. Lo que en realidad sucedió era que, la clase media desinformada, defendió, sin darse cuenta, los intereses de un pequeño grupo hegemónico con acceso a ciertos medios. El mismo grupo hegemónico que en la última campaña presidencial, ocultó al país todo el entramado societario, bancario y empresarial (49 offshore) en paraísos fiscales de Guillermo Lasso, mientras sus medios repetían y repetían las declaraciones del banquero en las que aseguraba que todo su patrimonio estaba en Ecuador. El mismo grupo hegemónico que anunció basándose en su propio exit poll un nuevo Presidente electo. Seguramente pueden adivinar cuál era su candidato. Exacto. El mismo que protegieron, con censura previa, y que semanas después se supo financiaba a un importante oligopolio mediático formado principalmente por Ecuavisa.

El proceso de democratización de la comunicación en el Ecuador ha avanzado enormemente. Sin embargo, aún hay un obstáculo en el camino necesario para que la libertad de expresión y la voz ciudadana triunfe sobre el aparateje mediático con intereses privados, y es que, aún la prensa y los poderes económicos mantienen un affaire que puede ser perjudicial para la sociedad. Mientras ese lazo no se rompa, no habrá independencia en las empresas mediáticas pues seguirán respondiendo a los intereses de sus anunciantes comerciales y la pesadilla del abuso contra el pueblo, por parte de gobiernos puestos por la banca, seguirá rondando el país.

“Libertad de prensa: uno puede leer lo que se publica” Karlheinz Deschner

Roberto Wohlgemuth
Abogado ecuatoriano y Master en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos. Colaboró con organizaciones de la sociedad civil en Sudáfrica y Canadá y pasó también por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza en 2003. En 2013, fue propuesto por los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que sea su representante ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación e Información (Cordicom). Actualmente es Consejero de Gobierno de la Revolución Ciudadana y asesor presidencial en comunicación política.

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