El deber de toda Corte Constitucional es cuidar y garantizar el Estado de Derecho, sin ninguna duda, porque para eso está creada. Y siendo así, la consulta popular propuesta por Lenín Moreno debería ser rechazada, sin vacilación alguna, sobre todo, en la pregunta que pretende otorgar al ejecutivo el poder para dar un golpe de estado interno, que busca acaparar todo el poder político debilitando las otras funciones, como la de Transparencia y Control Social, representada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Meter la mano en otra función del Estado jamás podría pasar un control constitucional y los magistrados de una Corte de tan elevada responsabilidad saben el efecto de no cumplir a cabalidad su deber.

Han pasado apenas seis años desde que una oleada de opositores al gobierno de Rafael Correa acudieron a la Corte Constitucional para defender, según ellos, el “espíritu de Montecristi”, cuando el líder de Alianza PAIS propuso una consulta para “fortalecer la institucionalidad jurídica y política del Ecuador”. Hoy, paradójicamente, usan argumentos contrarios para validar una consulta popular, ante todo ilegítima, que violenta la independencia de las funciones del Estado.

Bastaría con reproducir las intervenciones de personajes como Alberto Acosta, Blasco Peñaherrera, César Montúfar, Ruth Hidalgo o Betty Amores para confirmar cuánto de ese entonces ahora tiene el mismo significado frente a la consulta propuesta por Lenín Moreno. ¿Por qué ahora no lo dicen? ¿Qué diferencia hay si en la práctica sus argumentos falaces, por donde se lo vea, fueron una interpretación política que la Corte Constitucional desechó y ahora tienen todo sentido porque intervenir en otra función del Estado es una violación flagrante a la Constitución del Ecuador?

No olvidemos que en el año 2011, Correa pidió autorización al pueblo ecuatoriano para cambiar un Consejo de la Judicatura que abiertamente rompía el régimen de transición de la Constitución de Montecristi, que, en su artículo 20, le daba 180 días para renovarse de acuerdo a la nueva Constitución, pero llevaba casi dos años en funciones prorrogadas, sin visos de querer renovarse, y con un sistema de justicia en soletas. Igualmente, Alianza PAIS, en ese entonces, no tenía mayoría en la Asamblea para llevarles a juicio político a los miembros de ese Consejo de la Judicatura.

Entonces, para solucionar esta abierta situación inconstitucional se convocó a una Consulta y en ese momento los medios, sus articulistas y la oposición de derechas acusaron a Correa de romper la independencia de funciones y, supuestamente, por eso se fueron de la Revolución los allegados a Gustavo Larrea, los integrantes de movimiento Ruptura de los 25, entre otros.

Por lo los argumentos expuestos y por la justificación del gobierno actual, de ganar el SI se produciría un verdadero golpe de Estado plebiscitario, que otorgaría  al Consejo de Participación Ciudadana de transición -exclusivamente nombrado por el presidente- funciones que constitucionalmente no tiene y que corresponden, en estricto rigor, a la Asamblea Nacional.

Todos los opositores a Correa (ahora aliados de Moreno) mencionados anteriormente y otros más dijeron que una consulta para modificar la composición y la nominación de los miembros del Consejo de la Judicatura afectaba a la estructura del Estado y rompía el principio universal del poder público, atentaba contra el principio de separación y autonomía de los poderes.

Por ejemplo, Marcos Martínez (ex asambleísta constituyente y uno de los pivotes de Gustavo Larrea) afirmó ante la Corte Constitucional que “es inconstitucional quitar las funciones a un órgano constitucional como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues se atenta contra la estructura y funcionamiento de una función del Estado, y se pasa por alto a la Función Legislativa, al utilizar la enmienda constitucional para reformar el Código Orgánico de la Función Judicial”.

Ramiro Ávila, catedrático de la Universidad Andina, dijo a la Corte que la propuesta presidencial “está afectando a tres funciones del Estado: a la función de Transparencia y Control Social, a la cual se le quita competencia; a la Función Judicial, quitándole el órgano de transición, y a la Función Legislativa”.

Con esos argumentos no queda duda que un Consejo de Participación de transición, nombrado exclusivamente por el Ejecutivo, podrá destituir a cualquier autoridad nombrada por el Consejo, cambiando la estructura del Estado, ya que el control político y fiscalización de estas autoridades es función exclusiva de la Asamblea Nacional. Esto, en la práctica es una violación inconcebible y atentatoria de todo principio constitucional y, por supuesto, del “espíritu de Montecristi”.

Así se acabó la independencia de funciones y se “mete mano” sin fundamentos legales. Se trata de un verdadero golpe de Estado, bajo la agenda que la oposición propuso en la campaña presidencial última.

La pregunta es por qué quiere Moreno un Consejo de Participación de su peculio. Y no hay vacilación para responder: de ese modo elimina a sus fiscalizadores naturales y coloca a los suyos. Y por otro lado, asume la agenda de la oposición para “desmontar el correísmo”. ¿A qué le teme?

Nadie duda que se trata de conceder a las derechas un botín político. Moreno no ha podido explicar (ni a sus “amigos” de la prensa comercial) cómo piensa escoger a los miembros del Consejo de Participación de transición, mucho menos bajo qué parámetros evaluarán esos nuevos consejeros a los autoridades designadas tras los procesos de selección e impugnación, tampoco ha dicho de qué manera se seleccionará a los candidatos que supuestamente se elegirán por “elección universal” al nuevo Consejo.

Lo que en realidad oculta esta consulta es un objetivo político bien montado desde las derechas y con la venia de ciertos poderes fácticos nacionales y extranjeros, quienes han construido una agenda política durante los últimos años con la resonancia del aparato mediático privado.

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Equipo de redacción de La Junta. Espacio democrático de difusión de ideas ciudadanas que analizan la coyuntura política, social y económica de Ecuador y América Latina.

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